Por Antonio Martinez 
En los últimos días hemos sabido que el Gobierno español se ha comprometido ante organismos internacionales a estudiar la prohibición del acceso de menores a los espectáculos taurinos. Una medida presentada como protección de la infancia, pero que encierra una profunda carga ideológica y un grave precedente jurídico y cultural.
Conviene aclararlo desde el principio. Naciones Unidas no prohíbe los toros ni impone leyes a los Estados. Formula recomendaciones. Convertir esas recomendaciones en prohibiciones generales es una decisión política, no una obligación legal. Y las decisiones políticas deben ser debatidas, razonadas y sometidas al principio de proporcionalidad.
¿De verdad es necesario prohibir a todos los menores, en cualquier circunstancia, asistir a una manifestación cultural legalmente reconocida? ¿No existen alternativas menos restrictivas? ¿Dónde queda el derecho de los padres a decidir la educación cultural y moral de sus hijos?
La tauromaquia no es un fenómeno marginal ni clandestino. Es una expresión cultural protegida por ley, con siglos de historia, profundamente arraigada en amplias zonas de España. Impedir que los menores accedan a ella no es una medida neutral, es una forma de desactivación cultural por agotamiento generacional.
Resulta además llamativa la incoherencia del planteamiento. En una sociedad donde los menores consumen diariamente contenidos audiovisuales de extrema violencia, donde se retransmiten deportes con lesiones graves y donde existen otras actividades tradicionales con animales, solo la tauromaquia parece merecer la censura absoluta. No estamos ante una política de protección infantil, sino ante una selección ideológica de lo que debe desaparecer.
Especialmente grave sería el impacto sobre las escuelas taurinas, centros reglados y supervisados que cumplen una función formativa, cultural y profesional. Prohibir la presencia de menores equivale, sin decirlo, a decretar el final de una profesión y de una tradición por la vía administrativa.
Proteger a los menores es una obligación del Estado. Sustituir a las familias, imponer una visión cultural única y erosionar el pluralismo no lo es. El interés superior del menor no puede convertirse en un concepto vacío utilizado para justificar prohibiciones generales y desarraigo cultural.
Hoy se señala a los toros. Mañana puede ser cualquier otra tradición incómoda. Cuando el Estado deja de confiar en las familias y en la sociedad para educar, y opta por prohibir en lugar de regular, algo esencial se está perdiendo.
La defensa de la infancia no puede construirse contra la cultura, ni contra la libertad, ni contra el pluralismo. Porque entonces deja de ser defensa y se convierte en imposición.