Por Sergio Hueso 
Que Zaragoza podía quedarse sin la feria de San Jorge era algo que se intuía desde antes de Navidad. No por adivinación, ni por tener una bola de cristal, sino porque la desatención de la Diputación Provincial hacia la plaza era evidente. Tras rescindir el contrato con la anterior empresa a finales de octubre, noviembre y diciembre pasaron en blanco. Dos meses perdidos. Casi tres, si no llega a ser por las elecciones autonómicas de febrero, que empujaron a mover ficha en el último minuto. La política, como siempre, actúa según sus propios intereses y rara vez en beneficio del bien común.
Días antes de los comicios, a finales de enero, la DPZ publicó un pliego de licitación que acumuló críticas inmediatas de profesionales, prensa y aficionados. El documento introducía algunos avances respecto al anterior, pero incluía puntos que hacían inviable la temporada. La mayor incongruencia: exigir que los carteles de la Feria del Pilar estuvieran cerrados en febrero, antes incluso de que arrancara la temporada. Esto traicionaba la esencia de la feria, que históricamente ha sido el colofón de la temporada, donde deben anunciarse quienes han destacado durante el año. El pliego, en la práctica, anulaba esa lógica.
El presidente Sánchez Quero apunta que la responsabilidad recae en los empresarios, que presentaron múltiples recursos. Tiene parte de razón: sin esas impugnaciones, hoy habría cartel. Pero la responsabilidad primaria es suya y de su equipo por presentar un pliego tarde y con plazos tan ajustados que cualquier recurso hacía imposible llegar a tiempo. Todo pliego público puede ser recurrido; por eso debe elaborarse contemplando esa posibilidad. Aquí ocurrió justo lo contrario.
El primer recurso, de Rafael García Garrido, fue desestimado, mientras que los presentados por Alberto García (Tauroemoción) y Víctor Zabala (Pueblos del Toreo) fueron finalmente admitidos, dilatando aún más los plazos. Meses perdidos por una planificación defectuosa.
La consecuencia es clara: pierde el toreo, que se queda sin su cita de abril. Y pierde, sobre todo, la afición maña, que siempre acaba pagando las decisiones ajenas. Una afición ejemplar, que llena la plaza pese a los vaivenes, y que merece respeto, estabilidad y gestión a la altura de su fidelidad.
El único aspecto positivo es que el sector se ha plantado ante un pliego que no respondía a la realidad del toreo. ANOET, renovada este invierno, actuó como verdadera patronal: defendió los intereses del empresariado y recordó a las administraciones que no todo vale, que el toreo necesita coherencia, libertad de programación y condiciones que permitan rentabilizar una plaza. Un empresario que gana dinero no comete delito; cumple con su función. Demonizar el beneficio ha llevado durante años a una estructura débil y a un sector que se encoge cuando debería crecer.
Aun así, hay quien trabaja para que Zaragoza no se quede huérfana. Raúl Gracia “El Tato” ha solicitado el alquiler de la plaza para organizar un festejo goyesco el día de San Jorge, con una terna íntegramente aragonesa: Aarón Palacio, Cristiano Torres e Iker Fernández “El Mene”, que tomaría la alternativa con toros de Algarra. Una propuesta con arraigo, identidad y voluntad de rescatar la fecha del abandono institucional.
Puede que la feria de San Jorge se pierda este año, pero el toreo, paradójicamente, habrá ganado algo: la demostración de que tiene capacidad para defenderse cuando hace falta. El caso de Zaragoza marca un precedente. Y señala, con claridad, que la fiesta necesita administraciones responsables, pliegos regulares y un marco que permita trabajar, no sobrevivir. Porque cuando no se cumplen esos mínimos, lo que se pierde no es solo una feria: se pierde la confianza de un público que, aun así, nunca ha dejado de estar ahí.