Por Redacción 
Por: Imanol Sánchez
En las últimas semanas, el debate dentro del sector taurino se ha centrado —una vez más— en pliegos, licitaciones, recursos e impugnaciones. Pero conviene señalar una realidad: el foco mediático y empresarial sigue limitado a las plazas de primera y segunda categoría, aquellas del llamado “glamour”, donde operan las grandes figuras y donde los intereses económicos son evidentes.
Sin embargo, existe otra tauromaquia. La que sostiene el tejido real del sector. La del medio rural. La de las plazas de tercera y cuarta categoría. Y es ahí donde, como torero en activo y como gestor al frente de Torosocial (@asesoriataurina), considero imprescindible poner el acento.
Porque es en estas plazas donde debería articularse el verdadero sistema de oportunidades. El escalafón natural. El espacio donde los profesionales del Grupo C podamos demostrar nuestra capacidad, generar méritos y aspirar legítimamente a progresar hacia circuitos de mayor entidad. O, en su defecto, quedar definidos por nuestro propio rendimiento. Eso es competencia. Eso es justicia taurina.
Pero la realidad es otra.
Mientras los medios especializados y determinados estamentos empresariales analizan los pliegos de las grandes plazas desde una óptica puramente mercantilista, se ignora de forma sistemática lo que está ocurriendo en la base del sistema: pliegos de explotación en plazas menores que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad económica del mercado ni a los principios básicos de la contratación pública.
Y esto no es una opinión. Es una cuestión técnica.
En primer lugar, resulta cada vez más habitual encontrar criterios de adjudicación que priman —de forma desproporcionada— la inclusión de toreros pertenecientes a los Grupos A o B en plazas de tercera y cuarta categoría. Una obligación desproporcionada. Este tipo de cláusulas, lejos de ser neutrales, introducen un sesgo evidente en la configuración de los carteles, condicionando la libre concurrencia artística y excluyendo de facto a los profesionales del Grupo C.
Hablamos, por tanto, de una restricción indirecta del acceso al trabajo, difícilmente justificable desde el principio de igualdad que debe regir cualquier procedimiento de licitación pública.
En segundo término, se están incorporando en algunos pliegos referencias como la obligatoriedad o valoración preferente de toreros situados entre los diez primeros del escalafón del ejercicio anterior. Un criterio que, además de carecer de una base jurídica sólida dentro del marco normativo de la contratación pública, introduce un elemento arbitrario que desnaturaliza el objeto del contrato.
Porque no olvidemos que el objeto de una concesión de explotación de una plaza de toros no puede desviarse hacia la imposición de nombres propios, sino que debe responder a un compendio equilibrado entre viabilidad económica, calidad del espectáculo y adaptación real al mercado en el que opera, especialmente en el ámbito de plazas menores.
A todo ello se suma una consecuencia directa: la inviabilidad económica de muchos contratos.
Se diseñan pliegos que exigen la contratación de profesionales con estructuras de costes propias de plazas de máxima categoría, mientras las asignaciones presupuestarias —especialmente en entornos rurales— son manifiestamente insuficientes para cubrir dichos compromisos. El resultado es evidente: licitaciones desiertas, adjudicaciones deficitarias o proyectos abocados al fracaso desde su origen.
Y, en paralelo, una doble discriminación:
• Para los toreros del Grupo C, que ven cerradas sus oportunidades de actuación.
• Para las empresas, que operan bajo condiciones económicas que comprometen la sostenibilidad del espectáculo.
Lo más preocupante no es solo esta deriva, sino el silencio.
Ni los órganos de representación del sector, ni los colectivos más sindicalizados, ni buena parte de la estructura profesional parecen estar abordando con la profundidad necesaria una problemática que afecta directamente a la base del sistema taurino.
La tauromaquia no se sostiene únicamente desde las grandes ferias. Se sostiene desde el conjunto. Desde cada plaza, cada pueblo y cada oportunidad.
Y si los pliegos —que son la herramienta jurídica que ordena ese sistema— nacen viciados, desproporcionados o alejados de la realidad del mercado, lo que estamos comprometiendo no es solo la equidad profesional, sino el futuro mismo del sector.
Es momento de decirlo con claridad, con rigor y sin complejos:
la contratación pública en el ámbito taurino necesita una revisión profunda en sus criterios, especialmente en el segmento de plazas menores.
Porque sin base, no hay cima.