Por Sergio Hueso 
El próximo lunes puede abrirse una semana decisiva para el futuro de la plaza de toros de Zaragoza. La apertura de sobres tras el proceso de presentación de ofertas para gestionar el coso maño llega en un ambiente enrarecido, impropio de un sector que dice defenderse a sí mismo, pero que vuelve a evidenciar sus profundas fracturas internas.
Tras el rechazo de la Diputación de Zaragoza a las sugerencias planteadas por Nautalia, encabezada por Rafael García Garrido, el tablero ha saltado por los aires. La noticia adelantada por El Mundo, confirmando la alianza entre Ramón Valencia y Toño Matilla para concurrir al concurso, ha supuesto un golpe directo a la estrategia común que el empresariado taurino parecía haber construido a través de ANOET. Una maniobra que, más allá de su legalidad, refleja una realidad incómoda: en el toreo, el orgullo y los intereses personales siguen pesando más que el bien colectivo.
La posición de Ramón Valencia no puede entenderse sin su reciente salida de Sevilla y su posterior distanciamiento de ANOET, organización de la que llegó a ser vicepresidente apenas semanas antes de presentar su renuncia. Zaragoza aparece ahora como su única oportunidad de mantenerse en primera línea del empresariado taurino. Pero el precio de ese intento puede ser dinamitar la escasa unidad que el sector había logrado construir frente a un pliego ampliamente considerado perjudicial.
Porque el verdadero problema no es quién se presente, sino el pliego en sí. Un pliego que, aunque aparentemente suaviza el peso del canon económico, esconde una carga indirecta difícilmente asumible: el paquete de entradas que la Diputación se reserva para su libre disposición, valorado en más de 253.000 euros. Una cantidad que, sumada al canon y a las exigencias administrativas, convierte la gestión en un ejercicio de alto riesgo económico.
Ante este escenario, resulta incoherente que quienes opten a la plaza lo hagan para, posteriormente, denunciar su inviabilidad. Quien acepte estas condiciones lo hace voluntariamente, y con ello acepta también las consecuencias. Lo contrario sería reconocer que el objetivo no es la viabilidad del espectáculo, sino la conquista de una posición estratégica dentro del sector.
Zaragoza se había convertido en la gran prueba de fuego para medir la capacidad de unión del empresariado taurino. La ocasión perfecta para demostrar que el sector podía actuar con una sola voz frente a condiciones que amenazan la sostenibilidad del espectáculo. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse: los egos, las cuentas pendientes y las estrategias personales han prevalecido sobre el interés común.
Y, como siempre, quien termina pagando las consecuencias es la plaza y su afición. Porque cuando la economía se convierte en una losa, llegan los recortes invisibles: ganaderías elegidas por precio y no por garantía, ausencia de sobreros de categoría, presiones innecesarias a las autoridades y ferias construidas más desde la supervivencia que desde la ambición. No es una teoría, es una consecuencia lógica de un modelo que asfixia desde su origen a quien lo acepta.
El resultado es un círculo perverso en el que todos pierden: toreros peor remunerados, ganaderos asfixiados y una plaza de primera categoría obligada a rebajar sus estándares. Y entonces ocurre lo más grave: el verdadero daño al toreo no llega desde fuera, sino desde dentro. No lo provoca el antitaurinismo, sino las decisiones de quienes dicen defenderlo mientras lo debilitan.
La solución más digna, aunque improbable, sería que el lunes no hubiera ofertas. Que el sector, por una vez, antepusiera el futuro a los intereses inmediatos. Que Zaragoza no fuera el escenario de una victoria empresarial, sino el punto de partida de una reflexión colectiva. Pero la historia reciente invita al escepticismo.
Porque mientras los intereses sigan imponiéndose a la responsabilidad, Zaragoza no será gestionada por quien mejor garantice su futuro, sino por quien esté dispuesto a asumir más riesgos en el presente. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es quién gana el concurso, sino qué queda de la plaza cuando termine el contrato.
El verdadero desafío no es adjudicar Zaragoza. Es evitar que Zaragoza siga pagando el precio de las guerras internas de su propio toreo.