Al final salió el pliego. Lo hizo con el retraso que veníamos anunciando desde hace semanas y, casualmente, al calor de unas elecciones fijadas para el 8 de febrero. Más por propaganda electoral que por verdadera obligación administrativa. Conviene decirlo con claridad: de no haber comicios a la vista, hoy probablemente seguiríamos sin pliego.
Las campañas tienen estas cosas. Los políticos —de todas las ideologías— entran en fase de agradar, de no incomodar al ciudadano y de evitar conflictos que puedan generar ruido. Son políticos. Y precisamente por eso tenemos el deber de no dejarnos engañar.
Porque el pliego, tal y como está planteado, es un engaño a la afición. No sé si por burla, por desconocimiento del mundo taurino —que ya veníamos denunciando— o por una mezcla de ambos factores. Lo cierto es que no sorprende.
Vamos por partes
Se ha repetido desde algunos ámbitos que el pliego obliga a presentar la Feria del Pilar en el mes de febrero. Una afirmación que, para cualquiera que tenga un mínimo de afición, hace saltar todas las alarmas. El Pilar ha sido históricamente el gran colofón de la temporada taurina, una feria que se construía con los toreros emergentes del año y con los nombres que iban ganando sitio conforme avanzaban los meses. Presentarla en febrero, cuando la temporada ni siquiera ha comenzado, obliga a cerrar carteles con los nombres del año anterior. Es simple lógica y conocimiento básico del engranaje taurino.
En lo económico, es cierto que se reduce el peso de la oferta económica de 50 a 30 puntos. Se baja la importancia de la subasta, pero no se elimina. Se fija un mínimo, pero no un máximo. Y ahí está la clave. La Diputación puede carecer de afición, pero no de estrategia. Sabe que Zaragoza es una plaza muy deseada, una auténtica mina gracias a los festejos populares, y confía en que algún empresario esté dispuesto a presentar una oferta temeraria con tal de quedarse el contrato. No hay tope porque se espera esa temeridad. Que se reviente el toreo, pero que ganen los números. Ese parece ser el objetivo.
El pliego exige mucho —como debe ser—, pero la Diputación no anuncia ninguna mejora en una plaza que presenta un deterioro evidente en muchos aspectos, empezando por la cubierta. Se quiere recaudar, pero no invertir. No hay un solo compromiso firme de mejora de unas instalaciones que llevan tiempo pidiendo a gritos una intervención seria.
Hay además un asunto estructural que el pliego vuelve a ignorar deliberadamente: San Jorge. Nadie en la Diputación parece dispuesto a analizar ni a replantear un ciclo que, año tras año, resulta deficitario para las empresas y las obliga a llegar al Pilar arrastrando pérdidas desde abril. Ese lastre condiciona toda la temporada zaragozana y, sin embargo, a la DPZ le importa francamente poco. ¿Para qué estudiar un nuevo modelo de San Jorge, asesorándose con profesionales taurinos y buscando fórmulas que lo hagan viable y atractivo, si lo verdaderamente importante es garantizarse la recaudación? Los cambios necesarios llevan años gritándose desde el sector, pero la respuesta sigue siendo la misma: sordera institucional y ningún interés real por construir, solo por cobrar.
Especialmente llamativo es el apartado que limita el acceso al concurso a empresarios con experiencia en plazas de primera o segunda categoría bajo unos requisitos muy concretos. En la práctica, solo unos pocos nombres pueden concurrir. El resto queda excluido. Se apuesta claramente por las grandes casas, pensando que eso garantizará una mayor oferta económica, dejando fuera a empresarios de segunda línea que, en muchos casos, han demostrado más talento y gestión que algunos de los llamados grandes. El pliego prima el dinero por encima del proyecto.
Los ejemplos son claros. Carlos Zúñiga hijo, que ya gestionó Zaragoza en 2020, hoy no podría presentarse. Alberto García, gestor de la plaza de Huesca y turolense, no puede optar a la plaza de su tierra. Matilla, con Funtausa, tampoco. La lista es larga. El mensaje es evidente.
Atención también a otro punto preocupante. Si alguno de los toreros comprometidos en febrero no comparece por enfermedad, cornada u otras contingencias propias de la temporada, la empresa podría perder el aval. Un auténtico sinsentido. Todos sabemos que Zaragoza llega al final del año, cuando las lesiones son habituales y las sustituciones forman parte de la normalidad. Penalizar económicamente a la empresa por ello solo revela, una vez más, que el interés principal es recaudatorio.
Por último, el pliego no exige en ningún momento contar con toreros ni ganaderías de la tierra. En un momento dulce para Aragón, la feria de la capital queda completamente desarraigada de su propio territorio. Cero exigencias, cero identidad.
Por todo ello, no puedo ocultar mi satisfacción ante la reunión anunciada de ANOET para analizar el pliego y valorar una posible impugnación. El sector del toro merece respeto. El toreo es cultura, al mismo nivel que la música, el cine o el teatro, y no puede ser utilizado como herramienta electoral ni tratado con esta ligereza.
Y una advertencia final: si algún empresario se presenta a este concurso sin antes denunciar e impugnar un pliego como este, lo único que conseguirá será retratarse como un verdadero antitaurino.

