Por Redacción 
El Premio Nacional de Tauromaquia 2025 ya tiene marco y fecha institucional: volverá a entregarse en el Senado, escenario que repite como sede oficial del galardón en su segunda edición tras la retirada del premio por parte del Ministerio de Cultura. Lejos de desaparecer, el reconocimiento se fortalece bajo el impulso de un bloque de doce instituciones públicas y autonómicas, que mantienen vivo el compromiso de distinguir a los nombres y entidades más relevantes del sector taurino.
Además del propio Senado, participan en la convocatoria la Junta de Andalucía, Cantabria, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Melilla, que se suma este año por primera vez a la estructura organizativa. Completan el elenco la Junta de Extremadura y la Fundación Toro de Lidia, promotora del proyecto.
La continuidad del Premio Nacional de Tauromaquia llega marcada por el contexto político y cultural que atraviesa el sector desde mayo de 2024, cuando el ministro Ernest Urtasun anunció la supresión del galardón estatal por motivos ideológicos. Aquella decisión generó un amplio rechazo social y un posicionamiento firme de buena parte de las administraciones públicas, que articularon una respuesta conjunta para garantizar la continuidad del premio bajo el amparo legal e institucional correspondiente.
Fue la Fundación Toro de Lidia quien ordenó y encauzó este movimiento, agrupando las distintas iniciativas autonómicas y locales en un único premio de alcance nacional, en cumplimiento de la Ley 18/2013, que declara la tauromaquia como patrimonio cultural y obliga a los poderes públicos a su promoción, protección y difusión.
El precedente inmediato data de 2024, año en el que el galardón recayó ex aequo en la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y el filósofo y cineasta Albert Serra, distinciones que subrayaron la diversidad y amplitud cultural del universo taurino.
La tauromaquia mantiene una sólida protección jurídica en España: la Constitución reconoce la obligación de los poderes públicos de defender el patrimonio cultural, y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han reafirmado en varias sentencias el valor cultural de las corridas de toros. Un blindaje que sostiene legalmente la existencia del premio y su continuidad futura, incluso frente a sensibilidades contrarias.
Así, el Premio Nacional de Tauromaquia se consolida como una referencia institucional y cultural, y reafirma la vigencia de la tauromaquia en el panorama cultural español.