Por Redacción 
La adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia entra en su tramo más delicado con movimientos de primer nivel en el empresariado taurino. Según adelanta Cultoro, el matador de toros El Tato y el empresario aragonés Juan José Vera han concurrido al concurso convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza para la gestión del coso aragonés.
Junto a esta candidatura, también habría presentado oferta una unión empresarial de enorme peso formada por la Casa Matilla y Ramón Valencia, dos nombres de larga trayectoria en la gestión de plazas y ferias de máxima relevancia dentro del panorama nacional.
La posible alianza entre Matilla y Valencia adquiere especial importancia por el momento que atraviesa el sector. La Casa Matilla ha sido durante décadas una de las estructuras empresariales más influyentes de la tauromaquia, mientras que Ramón Valencia, vinculado históricamente a la gestión de la Real Maestranza de Sevilla, busca ahora una plaza de referencia tras la salida de su familia del coso hispalense después de 94 años.
Según las fuentes citadas por el medio, esta candidatura podría contar además con el respaldo del empresario aragonés Jesús Mena. Quien sí ha confirmado que no ha concurrido al procedimiento es Carlos Zúñiga padre, anterior gestor de La Misericordia.
La apertura del sobre con el resto de ofertas permitirá conocer los nombres definitivos de las empresas que optan a gestionar una plaza clave dentro del calendario taurino español, especialmente por el peso de la Feria del Pilar.
Todo ello se produce en un contexto de fuerte contestación dentro del sector. El nuevo pliego diseñado por la Diputación se articula como un contrato patrimonial de arrendamiento en el que el único criterio de adjudicación será la mejor oferta económica, sin que se valoren aspectos como la calidad de los carteles, el número de festejos, la política de precios o el proyecto taurino presentado.
Ese modelo ha provocado un rechazo prácticamente unánime por parte de las principales entidades taurinas. ANOET, la Unión de Toreros, la Fundación Toro de Lidia y las asociaciones ganaderas, entre otras organizaciones, han criticado duramente un procedimiento que, a su juicio, convierte la adjudicación de una plaza de primera categoría en una mera puja económica.