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México · Legislación taurina
La Cámara de Diputados da luz verde a una norma federal que no prohíbe expresamente los toros, pero refuerza el principio de progresividad en materia de protección animal y deja a la tauromaquia pendiente de la legislación de cada estado.
La Cámara de Diputados de México ha aprobado la nueva Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, una norma que reconoce a los animales dentro de un marco reforzado de protección y bienestar y que puede tener consecuencias relevantes para el futuro de la tauromaquia en el país.
La ley no establece una prohibición federal expresa de las corridas de toros. La regulación concreta de este tipo de espectáculos seguirá dependiendo, en buena medida, de las entidades federativas y de sus respectivas legislaciones.
Sin embargo, el nuevo marco introduce un elemento especialmente sensible para el mundo taurino: el principio de progresividad en materia de protección animal.
Ese principio implica que los avances reconocidos en materia de bienestar y protección no pueden ser revertidos sin una justificación constitucional suficiente. En la práctica, las restricciones que ya hayan sido aprobadas por determinados estados pueden convertirse en un límite jurídico para futuras reformas que pretendan recuperar modalidades anteriores.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones para la tauromaquia mexicana.
El caso más delicado es el de Ciudad de México, donde la legislación local ya modificó profundamente la corrida tradicional.
Con la entrada en vigor de este nuevo marco federal, cualquier intento futuro de recuperar elementos eliminados podría encontrarse con el principio de no regresividad y con una mayor dificultad jurídica para revertir las restricciones actuales.
Por eso, aunque la nueva ley no prohíbe directamente las corridas, sí puede estrechar de manera considerable el margen de maniobra de futuras mayorías legislativas.
La consecuencia es especialmente relevante para la Plaza México, cuyo regreso a la corrida tradicional queda ahora sujeto no solo a una decisión política, sino también a la interpretación constitucional del nuevo marco de protección animal.
La inquietud no afecta únicamente a la tauromaquia.
Otras actividades tradicionales como la charrería o la gallística quedan igualmente expuestas a las decisiones que adopten los congresos estatales y al alcance que los tribunales otorguen al principio de progresividad.
La ley federal nace así sin prohibir expresamente los toros, pero con capacidad para condicionar su futuro.
Y en aquellos lugares donde la corrida tradicional ya ha sido recortada o transformada, el camino de vuelta puede ser mucho más difícil.
TOROLIVE · Actualidad

