Por Redacción 
FOTO: Jorge Vicioso
Zaragoza quedó sentenciada aquel 30 de marzo de 2022. Ese día no se adjudicó únicamente la gestión de una plaza de toros; aquel día se subastó el futuro de La Misericordia y, con ella, el respeto a una de las aficiones más importantes de España. La aceptación de un pliego sustentado en un canon desorbitado —502.000 euros anuales con IVA incluido— marcó el inicio de una deriva que hoy amenaza seriamente la supervivencia y la dignidad taurina de la capital aragonesa.
Aquello no fue una apuesta por el espectáculo ni por la cultura. Fue una operación puramente económica. Una puja salvaje en la que lo único importante era recaudar más dinero, aunque eso supusiera hipotecar la calidad de las ferias, desgastar a la afición y convertir Zaragoza en una plaza cada vez menos atractiva para las figuras. Y exactamente eso ocurrió.
Durante cuatro temporadas, Zaragoza ha vivido ferias impropias de una plaza de primera categoría. Carteles debilitados, pérdida de atractivo y una sensación constante de decadencia. Muchos toreros dejaron de considerar Zaragoza como una cita imprescindible para cerrar temporada porque entendieron antes que nadie que la plaza estaba herida. Y cuando una plaza pierde prestigio, lo pierde todo.
Lo más grave es que esta situación no cayó del cielo. Se advirtió. Se dijo claramente. Se avisó de que aceptar semejante canon suponía abrir una puerta peligrosísima. Pero el toreo, demasiadas veces preso de sus propios egos y guerras internas, prefirió mirar hacia otro lado. El mensaje que se lanzó entonces a la Diputación Provincial de Zaragoza fue demoledor: “Tomen el dinero. Aquí seguiremos tragando”. Y la Diputación, lógicamente, entendió perfectamente el escenario.
Porque si algo descubrió la DPZ en estos años es que el sector taurino carece muchas veces de unidad, de estrategia y hasta de inteligencia colectiva. Pesaron más los intereses particulares que la defensa del espectáculo. Y mientras el dinero siguiera entrando en las arcas públicas, nadie dentro de la administración iba a cuestionar un modelo que les resultaba rentable.
Ese fue el verdadero error del toreo: pensar que quien recauda más dinero va a renunciar voluntariamente a seguir haciéndolo. Nadie entendió que el problema no era una empresa concreta, sino el propio modelo de adjudicación.
Por eso el segundo pliego apenas maquilló la situación. Se introdujeron pequeñas mejoras de imagen, pero el fondo seguía siendo exactamente el mismo: convertir La Misericordia en un instrumento recaudatorio. Y fue entonces, curiosamente, cuando parte del sector despertó. No porque el modelo fuera nuevo, sino porque algunos ya querían entrar en el reparto de la tarta. La reacción llegó tarde. Como casi siempre en este sector.
El conflicto retrasó plazos, tensó posiciones y dejó una primera víctima evidente: San Jorge. La mini feria desapareció del calendario taurino zaragozano y, lo más preocupante, ni siquiera el reciente tercer pliego exige recuperarla de cara al Pilar de 2026. Una demostración clarísima de que el interés cultural y taurino ha dejado de ser prioritario.
Y entonces llegó el tercer pliego. El más revelador de todos. El que ya elimina cualquier disimulo y deja claro que la plaza será para quien más dinero ponga encima de la mesa. La Diputación ya ni siquiera esconde el modelo. Después de cuatro años aplicándolo de manera encubierta, ahora lo expone abiertamente y sin complejos. El problema es que el toreo se escandaliza ahora de algo que lleva demasiado tiempo permitiendo.
Se habla de unión. De plantar cara. De frenar una situación que ya parece completamente viciada. Pero la realidad es que se llega tarde y, además, frente a una Diputación que no esperaba la contestación actual y que difícilmente dará marcha atrás si considera amenazados sus ingresos.
Y aquí aparece el verdadero peligro: que la DPZ, si percibe que las impugnaciones o los retrasos pueden impedirle recaudar el dinero previsto antes de final de año, termine poniendo en riesgo incluso el propio ciclo del Pilar. Un escenario que hace unos meses parecía exagerado y que hoy ya no puede descartarse.
Conviene recordar además un aspecto fundamental que muchos están ignorando deliberadamente. La mayoría de plazas de toros de titularidad pública funcionan bajo contratos de servicio público, cuya finalidad es preservar la calidad del espectáculo, proteger su utilidad cultural y garantizar un servicio de interés para los ciudadanos. Sin embargo, Zaragoza ha optado por un modelo patrimonial. Y la diferencia es enorme.
En un contrato patrimonial, lo prioritario es el rendimiento económico del inmueble público. Todo lo demás pasa a segundo plano: la calidad, el calendario, el interés cultural o la protección del espectáculo. Lo único importante es cuánto dinero genera el edificio.
Y eso resulta especialmente grave cuando hablamos de la tauromaquia, reconocida legalmente como Patrimonio Cultural de España. Porque la cultura no puede gestionarse exclusivamente desde criterios recaudatorios. O al menos no debería. No queremos ser agoreros. Pero en enero ya advertimos que San Jorge corría serio peligro y desapareció. Hoy toca advertir de algo todavía peor: el Pilar no pinta bien.
Y si finalmente Zaragoza termina perdiendo parte de su feria o degradando definitivamente su categoría, no será únicamente culpa de una administración voraz. También será responsabilidad de un sector incapaz de reaccionar a tiempo, atrapado demasiadas veces entre egos, silencios e intereses particulares.
La Misericordia no se está muriendo sola. La están dejando morir.