La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), junto a la Unión de Toreros, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL), la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Fundación Toro de Lidia (FTL), han mostrado su rechazo frontal al nuevo pliego de condiciones impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza para la adjudicación de la Plaza de Toros de La Misericordia.
Las principales entidades del sector consideran que el nuevo modelo planteado para la gestión de la plaza zaragozana supone un “auténtico atropello” y advierten de que pone en riesgo tanto la calidad de la Feria del Pilar como el prestigio de una plaza de primera categoría.
En el comunicado conjunto, las organizaciones critican especialmente que el único criterio de adjudicación sea la oferta económica al alza, sin contemplar valoración técnica, programación, calidad de los festejos ni medidas de protección para los aficionados.
“Consideramos que esta fórmula es un auténtico despropósito que convierte el concurso en una mera subasta económica”, señalan las entidades firmantes, que consideran inadmisible que una plaza de la importancia histórica y cultural de Zaragoza quede reducida a un criterio exclusivamente económico.
Otro de los aspectos más cuestionados por el sector es que la Diputación haya optado por un contrato patrimonial en lugar del habitual contrato de servicio público. Según explican, esta fórmula persigue únicamente el rendimiento económico del inmueble y elimina la obligación institucional de velar por la calidad del servicio taurino prestado.
Además, las asociaciones taurinas acusan directamente a la Diputación Provincial de Zaragoza de haber generado la situación actual tras redactar inicialmente un pliego que, recuerdan, fue rechazado por la Justicia al no ajustarse a la legalidad.
El comunicado también responde con dureza a las declaraciones realizadas recientemente por el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, quien responsabilizó al sector taurino de la situación y llegó a calificar al empresariado taurino de “antitaurino”.
“Estas manifestaciones resultan injustas, impropias de una institución pública y alejadas de la realidad”, afirman las entidades, que consideran que la única responsable del conflicto es la propia Diputación.
Las organizaciones recuerdan además que la Ley 18/2013, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, obliga a las administraciones públicas a garantizar su conservación y promover su enriquecimiento cultural.
Pese a la contundencia del comunicado, el sector muestra voluntad de diálogo y anuncia la creación de una comisión conjunta para solicitar una reunión con la Diputación Provincial de Zaragoza con el objetivo de encontrar una solución que permita garantizar el futuro de la Feria del Pilar y preservar la relevancia de La Misericordia dentro del panorama taurino nacional.
Las entidades firmantes reclaman la retirada inmediata del actual pliego y la apertura de un nuevo proceso de adjudicación “transparente, legal y acorde con la relevancia cultural y social” de la plaza zaragozana.

