El Ayuntamiento de Santander ha salido al paso de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha anulado el contrato de adjudicación de la plaza de toros de Cuatro Caminos a la empresa Lances de Futuro, lo que en un primer momento dejaba sin efecto los carteles presentados hace apenas dos semanas.
Sin embargo, el Consistorio ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha garantizado la celebración de la Feria de Santiago 2026, anunciando que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Tribunal y solicitará además medidas cautelares que permitan mantener la programación del ciclo taurino mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Según ha avanzado el propio Ayuntamiento a El Diario Montañés, existe un plazo de dos meses para recurrir la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, una vía que será activada con el objetivo de revertir o, al menos, suspender los efectos de la nulidad decretada por el TACRC.
“Hay un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo y es lo que hará el Ayuntamiento. Asimismo, se solicitarán medidas cautelares que permitan garantizar la celebración de la Feria de Santiago mientras se resuelve el procedimiento judicial”, han señalado fuentes municipales.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Consejo de Administración del coso de Cuatro Caminos, Indalecio Sobrino, que ha insistido en que la feria no corre peligro inmediato y que el objetivo pasa por agotar todas las vías legales para mantener el ciclo en pie.
“Se procederá a la apelación y a tratar de que haya una cautelar para que la feria siga adelante; luego consideraríamos cómo hacer el contrato. Se ha hecho todo como se había hecho hasta ahora, pensábamos que era la forma adecuada”, ha señalado en declaraciones al citado medio.
El origen del conflicto se remonta al recurso presentado por la empresa Cántabra de Toros el pasado 27 de enero, en el que se impugnaba la prórroga concedida por el consejo de administración a Lances de Futuro. El TACRC ha estimado dicho recurso al considerar que el contrato licitado no puede encuadrarse como un arrendamiento patrimonial, como defendía la administración, sino como un contrato de servicios sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
El Tribunal sostiene que la finalidad del contrato no es la mera explotación económica del coso, sino la organización del festejo taurino, lo que cambia por completo su naturaleza jurídica y obliga a su tramitación bajo la normativa de contratación pública.
Pese a ello, la resolución abre ahora un escenario de incertidumbre jurídica, aunque el Ayuntamiento insiste en que la intención es garantizar la celebración de la feria mientras se sustancia el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo que mantiene vivo el calendario previsto a la espera de la decisión judicial.

