Parece que Ernest Urtasun no ha tenido suficiente con eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Ahora quiere ir un paso más allá y derogar la Ley 18/2013, que reconoce y protege al toreo como patrimonio cultural. Lo ha anunciado pensando ya en la próxima legislatura, como si entre todos los asuntos pendientes de nuestro país hubiera encontrado precisamente en los toros uno de los problemas más urgentes que resolver.

No sorprende viniendo de quien viene. Lo preocupante es esa facilidad con la que algunos responsables políticos parecen entender que la cultura puede ponerse y quitarse según quién ocupe el despacho.

Urtasun tiene todo el derecho a estar en contra de las corridas. Lo que cuesta comprender es su empeño en utilizar el Ministerio de Cultura para retirar la protección de una manifestación profundamente arraigada en la historia de España. Porque una cosa es discrepar de una tradición y otra muy distinta pretender que su reconocimiento institucional dependa de las convicciones particulares de quien gobierna.

Y mientras tanto, ahí sigue la realidad de un país con problemas bastante más serios. Jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, familias que hacen cuentas para llegar a final de mes y unos servicios públicos cuya gestión debería reclamar mucha más atención. Después de tantos años al frente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y sus ministros tienen motivos de sobra para hacer autocrítica. Sin embargo, algunos parecen encontrar más sencillo volver a abrir una batalla contra el toreo que ofrecer respuestas convincentes a los problemas cotidianos de los españoles.

Conviene recordar que la tauromaquia no nació con la Ley de 2013 ni desaparecerá porque un ministro consiga derogarla. Su presencia en nuestra literatura, pintura, historia y tradiciones no depende de un boletín oficial. Y detrás de cada festejo existe además una realidad que demasiadas veces se ignora: ganaderos, profesionales, familias vinculadas al sector, pueblos y un campo bravo cuya conservación está estrechamente ligada a esta actividad.

Por supuesto que existe un debate legítimo sobre el sufrimiento animal. Negarlo sería tan absurdo como pretender que ese debate borre toda la dimensión cultural, histórica y social del toreo. Reconocer que algo forma parte de nuestro patrimonio no significa obligar a nadie a compartirlo, como tampoco impide discutir su continuidad.

Pero parece que Urtasun no termina de encontrar esa diferencia. Y ahí está, a mi juicio, el verdadero problema.

Se nos pide constantemente a los aficionados que respetemos otras sensibilidades. Y debemos hacerlo. Nadie tiene por qué acudir a una plaza ni entender lo que sentimos delante de un toro. Pero ese respeto debería funcionar también en sentido contrario, especialmente cuando hablamos de quienes representan a una sociedad tan plural como la española.

Además, convendría que el propio sector taurino no utilizara esta nueva ofensiva política para esconder sus problemas. El toreo tiene mucho que mejorar, debe abrirse a nuevos públicos y afrontar sus dificultades sin refugiarse permanentemente en la defensa de la tradición. Pero una cosa es exigirle que evolucione y otra aceptar que su consideración cultural quede a merced de las preferencias del ministro de turno.

La derogación de la Ley de 2013 necesitaría una mayoría parlamentaria y, por sí sola, no supondría la prohibición de las corridas. Conviene recordarlo para no alimentar alarmismos. Pero tampoco sería razonable restar importancia a una propuesta que pretende retirar una protección legal que el toreo tiene reconocida desde hace más de una década.

Porque hoy es la tauromaquia, pero la cuestión de fondo va bastante más allá de los toros. ¿Debe el reconocimiento del patrimonio cultural estar sujeto a los cambios de Gobierno? ¿Puede aquello que una administración considera digno de protección dejar de merecerla cuando llega otra con una sensibilidad diferente?

Son preguntas que deberían preocupar incluso a quienes no sienten el menor interés por la Fiesta.

Urtasun podrá no entender el toreo, no compartirlo y no querer acercarse jamás a una plaza. Está en su derecho. Pero dirigir el Ministerio de Cultura exige comprender que España no se reduce a las preferencias de quienes gobiernan.

Lo verdaderamente preocupante no es que al ministro no le gusten los toros. Es que parezca dispuesto a convertir su rechazo en el criterio para decidir qué merece protección cultural.

Porque si el patrimonio de un país depende de las simpatías políticas de cada legislatura, acabaremos haciendo de nuestra cultura algo de usar y tirar.